Las prepagas advirtieron por un fuerte retraso de sus precios

A través de un estudio titulado “Para entender la crisis de los prestadores médicos privados”, el sector de las prepagas planteó que tiene un gran retraso de tarifas respecto a la inflación. Lógicamente, esto genera preocupación en los usuarios ante potenciales aumentos.

“Desde la pandemia, las entidades privadas vienen sufriendo una severa restricción de recursos, congelamiento de precios, caída en la ocupación y distorsiones impositivas, laborales y regulatorias”, aseguraron en el informe la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim).

Sobre lo ocurrido en los últimos años, el estudio sostuvo que en 2020 “aunque el IPC se desaceleró frente al confinamiento por pandemia, los módulos prestacionales se desaceleraron más aún ante el congelamiento de aranceles”. Los dos años siguientes “el IPC creció al 50% interanual respecto a enero de 2020, pero los precios se recuperaron a menor velocidad”.

De abril de 2022 a marzo de 2023 la inflación volvió a acelerarse y los ingresos de la salud privada siguieron ese ritmo, pero desde abril de 2023 y gran parte de 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse y los módulos prestacionales quedaron detrás.

Prepagas: un panorama económico complicado

Más avanzado el 2024 el precio de los módulos quedó levemente encima del IPC respecto a enero de 2020, pero aún así las empresas aseguraron que perdieron por el retraso acumulado en los años previos. En paralelo, afirmaron que sus costos operativos crecieron al ritmo del IPC y viajan consistentemente por encima de los módulos.

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OSDE, una de las prepagas más apuntadas por sus usuarios.

Las entidades también mostraron preocupación de que el fin de la Emergencia Sanitaria “hará exigibles las deudas impositivas de muchas instituciones”, pese a que tienen un estado de “endeblez patrimonial”. El sector tuvo algo de alivio recientemente con la resolución 617/24, que suspendió hasta agosto “el inicio de los juicios de ejecución fiscal” del Estado contra las entidades privadas por las deudas de los últimos años. Sin embargo, las entidades aseguraron que “aunque esta prórroga representa a corto y mediano plazo un alivio para los prestadores, se deberá encontrar una salida ordenada para esta crisis”.

Además, las entidades reconocieron que la mala situación económica llevó a muchos prestadores a bajar la calidad de sus servicios, pese al costo que debieron pagar en su imagen de marca. “El paciente no percibe la calidad de atención médica cuando es buena, pero sí cuando se deteriora”, sostuvieron.

La ocupación de la capacidad instalada fue otra de las variables clave analizadas en el informe, considerando que “el personal, los insumos y el equipamiento requieren ser mantenidos operativos estén o no en uso y representan entre el 70% y el 80% del gasto operativo corriente”. En ese sentido, sostuvieron que para poder operar es necesario que la ocupación esté lo más cercana posible al 100%, pero entre 2020 y 2024 hubo “una fuerte contracción” que “generó estrés financiero, sumado a un contexto de aceleración inflacionaria”.