Ñoquis Calientes en Chubut: polémico pedido del Tribunal que juzga la causa por corrupción

El juicio por la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, en el que se juzga a siete exfuncionarios y empleados públicos de la provincia de Chubut acusados de corrupción continúa dando novedades polémicas.

Tras la dilación para comenzar las audiencias, ahora se sumó un pedido de jueces y abogados que llevan adelante el caso en los Tribunales de Rawson, para que la información pública que difunda la prensa acerca de los dichos de los testigos “sea acotada”.

El tribunal es presidido por la jueza Marcela Pérez Bogado e integrado también por los jueces penales Carlos Richieri y José Luis Ennis.

Este miércoles, precisamente, se les tomó declaración a varios testigos en la causa que tiene a la ex ministra de Familia y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada, junto a otras seis personas que fueron designadas con puesto de asesor durante su paso por esos cargos.

"Trabajaban" en Chubut pero vivían en Capital

Torres Otarola está acusada de contratar “ñoquis” con cargos de asesores en la Legislatura provincial, a quienes les exigía parte de su sueldo como retorno por el empleo en el que cobraban sin trabajar.

Durante su gestión como ministra de la Familia, también habría designado en cargos de alto rango a personas cercanas a ella que ni siquiera vivían en la zona (en general residían en la Capital Federal) y tampoco realizaban tareas o contraprestación para el Estado provincial.

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Richieri, Pérez Bogado y Ennis, los jueces que deberán decidir en el juicio por corrupción en Chubut.

Empleados administrativos de la Legislatura del Chubut que declararon, con sus dichos ratificaron informes y declaraciones realizadas previamente a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que investigó el caso.

Fernanda Barboni, empleada de la Legislatura del Chubut, dio cuenta de las resoluciones en donde se designan a los asesores de la entonces diputada provincial.

De igual modo se expresó, Nélida Vargas, de la Dirección de Administración de la Legislatura del Chubut, quien se refirió a los mismos aspectos formales y reglamentarios respecto de las resoluciones y designaciones de cargos en la Legislatura.

Otra empleada de la Legislatura, Paula Mingo, ratificó ante el Tribunal la información que se le solicitó durante la investigación.

Puntualmente, Mingo, se refirió a contrataciones, montos, términos de los contratos, las obligaciones a cumplir por los contratados y los controles del cumplimiento de las tareas que, en este caso, debió realizar Torres Otarola.

Cuentas y depósitos

A su turno, Romina James, empleada de la Tesorería de la Legislatura del Chubut, dio cuenta del pago de los contratos a los imputados, confirmó números de cuentas y entidades bancarias a las que se transferían los sueldos, además de los montos depositados.

Manuel Chasco, un empleado legislativo jubilado de la planta permanente en el año 2015 pero que actualmente continúa con funciones en carácter de contratado, se refirió al manejo de los gastos de bloque y cómo se otorgaba a cada diputado.

En ese sentido, afirmó que en general los gastos eran de disposición discrecional por cada legislador “a manera de acción social”, sin obligación o necesidad de ser rendidos.

También testigo de la Fiscalía fue Martín Sterner, empleado administrativo que reconoció las facturas que se conformaron, montos y firmas para el pago de los contratos a los asesores imputados.

Al frente de la acusación contra Torres Otarola está el fiscal general Omar Rodríguez, en compañía de la fiscal Analía Acuña, mientras que la defensa técnica de los imputados está a cargo de los abogados Romano Cominetti y Florencia Barba.