Ñoquis en Chubut: se suspendió el juicio porque no fueron todos los acusados a la audiencia

El juicio por la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, en el que se juzga a siete ex funcionarios y empleados públicos de la provincia de Chubut, debía comenzar este lunes en los Tribunales de Rawson.

Sin embargo, a solicitud del fiscal Omar Rodríguez, se pasó a cuarto intermedio y la audiencia fue reprogramada debido a la ausencia de algunos de los imputados y sus defensores.

El fiscal Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, solicitó la reprogramación de la audiencia para asegurar que todos los acusados estén presentes en la sala, tal como lo establece la ley.

El objetivo del planteo, que fue aceptado por el Tribunal, fue el de evitar futuros planteos que puedan entorpecer el desarrollo del juicio. De tal modo, el juicio pasó a cuarto intermedio.

Un caso de alto impacto en Chubut

Entre los imputados figura la ex diputada provincial y ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, junto a Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera. Todos enfrentan graves acusaciones por presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos.

En su solicitud, el fiscal Rodríguez argumentó que el juicio no se puede dividir en dos, y que por eso debía programarse una nueva fecha con todos los imputados presentes.

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"Ñoquis calientes" en Chubut: el fiscal Rodríguez pidió la suspensión de la primera audiencia.

"El debate así no puede iniciar", reclamó Rodríguez. Los defensores presentes coincidieron con el planteo del fiscal.

La acusación contra Torres Otarola dice que la ex ministra habría exigido la devolución de parte de los salarios a empleados que ingresaron como asesores en la Legislatura provincial.

Asimismo, durante su gestión en el Ministerio de Familia, habría designado a personas cercanas en cargos de alto rango, quienes no residían en la zona ni prestaban servicios al Estado. Esta última irregularidad fue la que dio origen al nombre con el que se conoce la causa.

Por qué se frenó la audiencia

Lo que derivó en la suspensión de la audiencia fue un pedido de Jaquelina Rodera, una de las imputadas, de que el juicio no se iniciara. Fue porque ante la “pérdida de confianza” a sus defensores Francisco Romero y Romano Cominetti, los había reemplazado por la abogada Verónica Navarro.

“Hubo divergencias insalvables con mi anterior letrado respecto de su actuación y por haber perdido comunicación con el mismo tampoco he sido notificada de la citación a juicio ni por cédula ni por ningún otro medio, encontrándome en absoluto estado de indefensión”, afirmó la imputada, y pidió tiempo para que su nueva defensora conociera el expediente.

Los jueces Carlos Richeri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado no hicieron lugar al pedido y explicaron que el debate sólo se suspende si un defensor abandona su cargo y no cuando el imputado por su voluntad cambia de abogado.

Sin embargo, fue la Fiscalía la que finalmente solicitó la postergación para evitar que la ausencia de Rodera y Navarro generara luego un entorpecimiento de la causa y solicitudes de nulidad.

De acuerdo con lo que trascendió, el fiscal pedirá tres años de prisión en suspenso para Rodera, más la inhabilitación especial por igual plazo.

Para Otarola, quien según la Fiscalía “resultó pieza central de la actividad delictiva investigada”, el pedido será de prisión efectiva e inhabilitación por cuatro años.

En tanto, se solicitaría la pena de dos años de prisión en suspenso para Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Branco Rodera Neira y Reto Trelles, y de tres para Silvana Cañumil.