Patricia Bullrich denunció a la jueza Karina Andrade por este delito y otros por liberar a más de un centenar de personas detenidas el pasado miércoles.
El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade / Foto Archivo
Tras la marcha de jubilados y barrabravas, el pasado miércoles, más de un centenar de personas fueron detenidas en las inmediaciones del Congreso por las protestas y los incidentes, que además dejaron varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo.
Frente a este panorama, la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liberó pocas horas después a los 114 detenidos y justificó su accionar debido a la poca información que le llegaba y lo poco justificada que estaban las aprehensiones.
Ahora, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó un a denuncia hacia Andrade por ordenar la liberación "sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes".
En la denuncia contra la magistrada se la acusa de incurrir “claramente en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
En un posteo, la ministra Bullrich sostuvo que "los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes".
Sostuvo que "no fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones. Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes".
Y tras justificar la denuncia contra la magistrada, enfatizó la ministra de Seguridad que "con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás".
¿Qué es el prevaricato?
El prevaricato "se trata de un delito doloso y reclama que el autor perjudique deliberadamente la causa, esto es que oriente su actuación u omisión a la causación del perjuicio", según lo establece el Código Penal.
La pena establecida es de “prisión o reclusión, multa e inhabilitación absoluta perpetua”.
Antecedentes de casos donde se acusa de prevaricato
En 2022, durante los alegatos de defensa en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner pidió que se investigue por este delito a los fiscales Diego Luciani y Sergio Morla, quienes habían pedido que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por este caso.
El delito radicaría en este caso en el presunto “abuso” de la posición que el Estado les otorga con evidente desapego de sus deberes de funcionario.
En 2020, Eugenio Zaffaroni publicó el libro “Prevaricato de los jueces” que analiza los delitos que cometen los magistrados cuando dictan fallos arbitrarios. El libro retoma el procesamiento de Baltasar Garzón, el juez recordado por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet e investigar los delitos del franquismo, quien fue condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por prevaricato. El tribunal lo encontró culpable de haber grabado de manera ilegal a los abogados defensores en un caso de narcotráfico.
Patricia Bullrich presenta la Ley Antibarras en medio de la polémica
Este lunes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dará a conocer el proyecto de Ley Antibarras, una iniciativa orientada a frenar la violencia protagonizada por grupos organizados en el fútbol argentino. La propuesta, respaldada por el presidente Javier Milei, llega en un contexto de tensión política tras la reciente represión en la marcha de jubilados, la cual el Gobierno vinculó a la presencia de barrabravas.
El proyecto fue elaborado por un equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y plantea la consideración de las barras como asociaciones ilícitas, lo que permitiría un marco legal más estricto para su persecución. La normativa también apunta a los dirigentes de los clubes, estableciendo sanciones de hasta seis años de prisión para aquellos que faciliten entradas o mantengan vínculos con estos grupos violentos.
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