Incendio en la Casa de Gobierno de Chubut: el acusado que murió horas antes del veredicto fue absuelto

Pocas horas después de que se conociera la muerte de uno de los acusados por el incendio en la Casa de Gobierno de Chubut y otros edificios públicos en una marcha antiminera de diciembre de 2021 en Rawson, la jueza Eve Ponce condenó a 6 de los 8 imputados en la causa. En su fallo difundido después de los mediodía de este martes absolvió a dos acusados, entre los que está el fallecido, uno de los que estaba más complicado.

Lautaro Oscar Martínez había sido hallado sin vida horas antes de la audiencia en un departamento donde cumplía prisión domiciliaria. Según trascendió, el joven se habría quitado la vida, aunque será la autopsia programada para este mediodía la que determinará con precisión las causas del fallecimiento.

Durante el proceso judicial, el joven conocido como "El Terri" o "El Terrible" había sido detenido debido a las reiteradas ausencias y llegadas tarde a las audiencias. El día que faltó, la policía lo fue a buscar y lo encontró en su departamento con un arma en la cintura, por lo cual le abrieron otro proceso en su contra.

Según lo estipulado, este martes debía presentarse a las 12:30 para asistir a la lectura del veredicto en el juicio. Aparentemente, habría decidido no escuchar lo que terminó resultando su absolución.

La fiscal Florencia Gómez lo había acusado de intentar prender fuego papeles, tirar al piso una impresora, arrojar un dispenser de agua y robar una luz de emergencia, por lo que pidió cuatro años de prisión.

Para el otro absuelto, Brian Osvaldo Díaz, la fiscalía había solicitado una pena de 3 años de cumplimiento condicional por presuntos daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson, lo que le hubiera permitido evitar la cárcel.

Los seis condenados en Chubut

Los seis condenados por la jueza son Lucas Alexis Espinosa Andrade, Mauricio Naum Vargas, Lourdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, Damián Andrés Díaz, Nicolás Alejandro Díaz y Gastón Velázquez. Las imputaciones incluyen incendio, daño y hurto agravados.

La audiencia se llevó a cabo en la Oficina Judicial de la capital provincial, donde se instalaron vallados pese a la escasa presencia de militantes. El trágico suceso del fallecimiento de Martínez había generado dudas sobre la realización de la audiencia.

Entre los seis condenados aparece Mauricio Vargas, quien fue señalado por el delito de hurto agravado, además de incendio intencional contra edificios públicos.

Gómez consideró probado que ingresó a provocar daños en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, inició un incendio en la sede de la Procuración y robó una computadora, por lo que apunta a una pena de seis años.

Pero para el defensor Miguel Moyano, el imputado "no estuvo en el lugar de los hechos". Al momento de su alegato final, afirmó incluso que la única prueba en contra de su asistido era una campera, prueba que calificó como "dubitada".

Acusados incendio Casa de Gobierno de Chubut.jpg

La jueza no estuvo de acuerdo con su argumento, aunque resta ver si le aplicará la pena de seis años de cumplimiento efectivo pedida por la fiscal, o moderará el castigo.

De los otros cinco imputados que fueron declarados culpables, que al igual que el fallecido están asistidos por el defensor oficial Pablo Sánchez, sólo uno podría afrontar una pena de cumplimiento efectivo. Se trata de G. V., identificado con esa sigla porque tenía 17 años al momento de producirse los hechos.

La fiscal lo acusó de dañar a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robar un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General, por lo que le podrían caber 4 años de prisión efectiva. A este imputado la policía tuvo que ir a buscarlo a su casa para llevarlo por la fuerza a una audiencia: lo encontraron durmiendo y tuvieron que sacarlo de la cama.

Nicolás Díaz fue declarado culpable de hurto agravado, señalado por robar un bidón de 20 litros de un dispenser de agua durante los desmanes. Tiene antecedentes penales y la Fiscalía pidió tres años de prisión, que habrá que ver si quedan en suspenso.

La misma pena se pidió para Brian Díaz, acusado de provocar daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson.

El imputado Damián Díaz, señalado como la persona que rompió las ventanas del edificio del Superior Tribunal de Justicia, podría recibir en tanto un año y ocho meses de prisión, que en principio no sería de cumplimiento efectivo.

Los últimos dos imputados son Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza. El primero está acusado de romper los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. Para él pidieron un año y ocho meses de prisión.

La joven, también detenida durante el juicio por faltar a las audiencias -según dijo- porque se quedó dormida-, está acusada de tirar piedras y romper una ventana de la Procuración General. Para ella pidieron dos años de prisión en suspenso.

¿Podría haber más juicios y nuevos acusados?

Un aspecto destacado del fallo es que la jueza invalidó el tramo del alegato final de la fiscal Gómez en el cual solicitaba las penas para los acusados. La magistrada fundamentó esta decisión en que la funcionaria no justificó adecuadamente su pedido ni detalló los modos de ejecución de las penas solicitadas.

Según indicó, la fiscal tampoco mencionó factores agravantes o atenuantes y, sin dar mayores explicaciones, se remitió en términos generales a la acusación original. Este procedimiento fue rechazado por la jueza, quien señaló que solo debe considerar los hechos presentados durante el debate.

Incendio intencional en Rawson.

El ataque a la Casa de Gobierno de Chubut fue el 16 de diciembre de 2021, en una marcha contra la minería en la provincia.

Como consecuencia, la Oficina Judicial deberá fijar una nueva fecha para realizar la audiencia de cesura de pena. En esa instancia, Gómez tendrá que reiterar sus pedidos de pena y explicarlos detalladamente en el caso de cada uno de los condenados.

En su fallo, Ponce también abrió una puerta para que, en base a las evidencias presentadas en el juicio, puedan ser procesadas más personas por los mismos incidentes, en virtud de que quedó acreditado que al menos 300 personas participaron en los violentos incidentes, algunas de ellas encapuchadas, lo que habría superado la capacidad de respuesta de cualquier operativo policial.

La jueza señaló que durante el juicio oral y público surgieron pruebas que el Ministerio Público Fiscal no había incorporado ni valorado en su investigación, que incluyen filmaciones y fotografías que mostrarían presuntos delitos cometidos por otros manifestantes.

Ante esto, Ponce puso este material a disposición del procurador general Jorge Miquelarena para que tome las medidas correspondientes, como la posible apertura de nuevas causas relacionadas con los hechos del 16 de diciembre de 2021.