Pese a las quejas del gobernador, Chubut cumplió la orden del juez y volvió a darles carne a los presos

Antes de que venciera el plazo de 72 horas fijado por la Justicia, el gobierno de Chubut compró carne y pollo para los presos de la cárcel de Trelew y cumplió con un fallo que el gobernador Ignacio Torres había cuestionado públicamente en duros términos, y que ordenaba a la administración pública mejorar las viandas de los internos del penal.

Lo cierto es que después de varios meses de trámite judicial por raciones con escaso aporte proteico, la carne volvió a las comidas de los detenidos en el Instituto Penitenciario Provincial de Chubut y también a la Alcaidía Policial de la misma ciudad.

El cambio se produjo luego de que la Subsecretaría de Justicia chubutense confirmó la compra de carne y pollo para ambos establecimientos, en cumplimiento de lo ordenado por la Justicia.

Nacho Torres habló de "asado todos los días"

La decisión judicial generó una fuerte reacción del gobernador Ignacio Torres.

"No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura", protestó en una entrevista con Radio Rivadavia luego de conocida la decisión del juez, que tomó estado público el 21 de agosto de 2026.

También acusó a un sector del Poder Judicial de practicar un "garantismo berreta" y de priorizar a los detenidos por sobre las víctimas, en declaraciones que fueron reproducidas más tarde por varios medios nacionales.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

A ciencia cierta, el gobernador cumplió con su anticipo. Porque el "asado" que mencionó, en principio, no figura en la dieta que habrían restituido en la cárcel y la alcaidía.

Pero hasta donde trascendió, tampoco estaba en la resolución judicial.

El juez había ordenado acelerar la compra de carne roja para recuperar el aporte proteico de las viandas, pero no dispuso que se sirviera carne todos los días ni que se adquirieran cortes de algún tipo.

La empresa a cargo de las viandas, en la mira

Incluso, durante la audiencia en la que se fijó el plazo perentoria para que la administración de Chubut mejorara las viandas, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, había reconocido que la empresa a cargo de los alimentos en el penal había reducido de forma unilateral el contenido proteico de los menús durante el último mes.

La Defensa Pública, que actuó en representación de los presos, había pedido que la firma fuera apartada del servicio y reclamó controles y monitoreos periódicos, al sostener que la calidad de la comida mejoraba únicamente durante las inspecciones y volvía a deteriorarse después.

El juez aceptó como solución transitoria la compra ya propuesta por el propio Ejecutivo y ordenó completarla dentro del plazo fijado.

La alcaidía de Trelew.

La gobernación todavía no informó públicamente cuánto costó la compra, qué cantidad de carne y pollo fue adquirida ni con qué frecuencia se incorporará a las viandas.

Tampoco precisó si aplicará sanciones a la empresa proveedora por haber reducido el servicio sin autorización, ni si el mismo proveedor seguirá a cargo de las comidas.

Un reclamo que arrancó en marzo de 2026

Las denuncias de los presos y sus familiares por la alimentación se remontan a varios meses atrás, hasta que en marzo de 2026 fue presentado el habeas corpus.

La tensión escaló el 7 de agosto, cuando detenidos de la Alcaidía de Trelew quemaron colchones para protestar por la comida y por las condiciones de las visitas; no hubo heridos, pero debieron intervenir bomberos y reforzarse la seguridad.

La Ley nacional 24.660 establece en su artículo 65 que la alimentación de las personas privadas de la libertad es responsabilidad de la administración y debe ser adecuada a sus necesidades.

Por eso, la discusión judicial no giró en torno a un privilegio, sino al cumplimiento de una obligación estatal básica.