Santa Cruz: allanan a un joven de 22 años sospechado de distribuir imágenes de pedofilia

La Justicia ordenó allanar una vivienda de El Calafate y secuestrar computadoras y discos como parte de una investigación que intenta determinar si desde esa localidad de Santa Cruz, un joven de 22 años difundía imágenes de pedofilia.

La investigación de presunto abuso sexual infantil surgió tras los alertas internacionales emitidos por la organización Missing Children y el NCMEC, un organismo estadounidense que busca detectar la explotación y trata de menores.

Tras el procedimiento ordenado por el Juzgado de Instrucción de esa localidad para secuestrar varios elementos informáticos en posesión del sospechoso, éste debió fijar domicilio y quedó a disposición de la justicia, a la espera de las siguientes actuaciones.

Lo que buscan determinar es si es culpable de tenencia o distribución de material audiovisual en los que podrían registrarse escenas de abusos sexuales a menores de edad.

Para ello, serán determinantes los peritajes a una notebook, una computadora de escritorio, 18 discos de DVD, tres teléfonos celulares, un disco rígido externo y una consola de videojuegos.

El allanamiento fue realizado por la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de El Calafate y se realizó en un domicilio del Barrio 68 Viviendas, según informó la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral.

Las alertas que llegaron Santa Cruz

La investigación surgió a partir de las alertas internacionales que se emiten cuando se detecta el tráfico de archivos digitales que pueden pertenecer al delíto de abusos sexuales infantiles, mayoritariamente videos.

En esta oportunidad, el registro de actividad sospechosa les indicó tanto el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés) como la reconocida ONG internacional Missing Children que el origen del material podría estar en el extremo sur argentino.

Como cada vez que se presenta una situación como esta, ambos organismo emitieron alertas que llegaron a las oficinas judiciales del país.

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La CPU y otros elementos informáticos secuestrados por la Policía de Santa Cruz en la vivienda del joven en El CAlafate.

La Opinión Austral

La información sobre el posible origen se obtiene a partir de las direcciones IP de las computadoras, una suerte de documento de identidad único e irrepetible de cada unidad en Internet, a los que se asocian datos de ubicación y la titularidad del servicio de conexión contratado.

Cuando ser reciben estos avisos internacionales, un fiscal debe actuar de inmediato y pedir las óordenes de allanamiento a los domicilios sospechados, para secuestrar posibles pruebas del delito que se sospecha.

En este tipo de casos, un punto crucia que también deben dilucidar los investigadores es si el material hallado era compartido con otras personas o no, lo cual define si se trata del delit de tenencia de pornografía o del más grave de difusión e incluso, posible producción de esas imágenes.

Un antecedente similar y reciente en la Patagonia

En julio del año pasado, la justicia de Chubut halló culpable y condenó a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento a un joven de 23 años de la ciudad de Rawson, por el delito de distribución de material de abuso sexual de menores de 13 años.

El condenado, identificado por el Ministerio Público Fiscal de esa provincia patagónica con las siglas E.I.A.D, ya había sido condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de tenencia de este tipo de material, pero su situación se agravó considerablemente.

Según se explicó, el delito que se logró probar a partir de la investigación de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen que funciona en Chubut está previsto en el artículo 128 del Código Penal.

En el segundo juicio en su contra, el joven condenado anteriormente por tenencia fue declarado autor del delito de distribución de videos que exhibían a menores de 13 años en actividad sexual explícita.

En el proceso judicial realizado en octubre de 2022, el juez que intervino lo había absuelto del delito de distribución de pornografía infantil, condenándolo solamente por la tenencia de ese material ilegal.

Pero el fallo fue cuestionado por los fiscales especializados en ciberdcelitos. De este modo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló parcialmente la primera sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio.

En esta ocasión se imputó el delito de distribución de material de abuso sexual infantil agravado. Posteriormente, dieron por probados los hechos que ocurrieron el 2 de agosto de 2020, con registro de horario muy preciso: exactamente a la 1:46:30 de aquella madrugada de invierno, el condenado E.I.A.D compartió un video a través de su chat room en Facebook.

Ese material audiovisual, según comprobaron los investigadores de delitos informáticos, fue distribuido al menos a nueve usuarios que estaban registrados en esa sala virtual de conversaciones.

Poco más de 13 minutos después, a la 1:59:51 de ese 2 de agosto, el mismo usuario “utilizando nuevamente la red social Facebook, compartió en el chat room otros dos archivos en formato video, ambos con contenido ilegal”, informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Los investigadores pudieron determinar que las imágenes se compartieron desde el domicilio particular del acusado en la capital de Chubut.

El joven compartió los videos al menos en dos ocasiones una misma noche, en un chat room de Facebook al que -según se comprobó- accedieron 9 personas.