Crisis carcelaria: "La responsabilidad es política y Vanina Merlo es una de las responsables"

La crisis carcelaria sigue siendo motivo de discusión y la fiscalía no dejará que se fije el cupo que pide la defensa sin dar pelea. En la primera parte de la audiencia por el habeas corpus, un fiscal jefe criticó duramente a la defensora general (y ex ministra de Seguridad) Vanina Merlo y negó que haya colapso de las comisarías.

Cabe recordar que el martes se conoció que un grupo de defensores públicos presentaron un habeas corpus colectivo y correctivo para limitar la cantidad de detenidos que recibe cada comisaría. Se llegó a esto luego de detectar un hacinamiento en todas las comisarías de Neuquén y localidades aledañas del 358%, a lo que se llegó luego de que se prohibiera primero el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles U11 y U12 -a las que luego le siguieron las del resto de la provincia-.

Se trató de un freno preventivo que puso la jueza Raquel Gass en noviembre de 2022 al analizar los resultados del monitoreo hecho por la defensora de Ejecución Luciana Petraglia, que demostraba los niveles de sobrepoblación y condiciones infrahumanas en las que vivían los condenados, sin el espacio ni higiene mínima en los penales. Por ello, se "cerraron" para nuevos alojados y se intimó a la gestión provincial de aquel entonces a tomar las medidas necesarias para crear más espacio, mejorar las condiciones de higiene y garantizar la seguridad de los presos. A falta de cumplimiento, el actual gobierno provincial quedó obligado a cumplir con esas mejoras en el menor tiempo posible, aunque hasta ahora no se han efectuado soluciones en el corto plazo.

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Sebastián Fariña Petersen

Aunque la medida dio un respiro a las cárceles, generó un nuevo problema: las comisarías comenzaron a alojar contraventores (demorados por pocas horas), procesados con prisión preventiva (que suelen ser de meses) y los condenados que no podían ser trasladados a los penales. Todos conviviendo en un mismo espacio que nunca fue preparado para ello.

Por ello, un grupo de la defensa pública presentó el habeas corpus que se comenzó a debatir el miércoles, con intenciones de generar el mismo efecto que aquel que presentó Petraglia allá por noviembre de 2022 ante la jueza Raquel Gass: al igual que esas cárceles, las comisarías seguirán en funciones y seguirán recibiendo detenidos en la medida en que algunos recobren la libertad. Es decir, se busca en realidad ponerle un límite a la cantidad de alojados: un cupo definido.

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Sebastián Fariña Petersen

En la primera parte de la audiencia, la defensa respaldó el reclamo en lo constatado tras el monitoreo de las comisarías que se realizó a lo largo de todo 2024: que en los espacios de todas las alcaidías se están prácticamente apilando detenidos y que las condiciones edilicias (en todos sus aspectos) no cubren los estándares mínimos de habitabilidad. Recalcaron también que hay seis comisarías que funcionan "de facto" porque solo fueron pensadas para contraventores y deben dejar de utilizarse para ese fin.

Además, recordaron que de acuerdo a las recomendaciones, el cupo total debe ser de 41 personas total en las alcaidías de la I Circunscripción (Neuquén y ciudades aledañas) porque a ese número se llega al calcular las medidas mínimas indicadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que debe ser de 6 metros cuadrado por persona para celdas individuales (sin contar el baño), y para celdas colectivas otros 4 metros cuadrados por cada persona extra.

No obstante, indicaron que el cupo que fija la Policía es variable y que se recibieron distintas respuestas en distintos momentos: "68, después 69, después 71". Adjudicaron esto a que se "cuentan la cantidad de camas" y que cualquier cosa puede calificar como cama, sea de madera, de cemento, cemento y una tablilla o un simple colchón en el piso.

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La fiscalía apuntó contra la defensora general

Luego de la alocución de los defensores públicos Luciana Petraglia, Raúl Caferra y José María Maitini, llegó el turno del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, el único que se hizo presente en representación de la fiscalía y quien expresó un fuerte rechazo hacia el habeas corpus presentado.

Por un lado, desvió la discusión del pedido al señalar responsabilidades por el colapso y, en este sentido, sostuvo: "Todo Neuquén sabe que la responsabilidad es política porque tenían la Unidad de Detención (de Senillosa) que intercambiaron por una plaza, vaya a saber por qué. La unidad que canjeamos por una plaza al sistema federal, que hoy ni siquiera nos presta los pabellones para alojar a nuestros internos". Insistió en que la sobrepoblación no fue producto del aumento poblacional ni del cambio al sistema acusatorio, que se dio en 2014 y desde el cual se registró un importante incremento en la cantidad de detenidos.

Además, criticó la ausencia de la defensora general, Vanina Merlo, a quien señaló como "una de las responsables políticas" y quien aseguró debería asistir a "dar explicaciones".

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Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, se preguntó cómo harán para explicarles a las víctimas de delitos que no hay espacio para alojar al imputado, en caso de que efectivamente se fije el cupo que requiere la defensa.

Finalmente, respecto de los números que presentó la defensa pública, sostuvo que "no hay colapso" y que de la verificación realizada por la propia fiscalía surge que simplemente hay algunos detenidos de más "en algunas comisarías, no en todas".

Luego de esto, se escuchó a dos testigos: a Silvia Couyoupetrou, miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, quien se explayó utilizando como respaldo el informe realizado por su equipo y que ya daba cuenta del hacinamiento y deplorables condiciones de las comisarías, apoyando la moción presentada por la defensa.

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Por otro lado, fue llamado a declarar también el comisario Ricardo Olguín, jefe de la División de Coordinación de Detenidos Procesados. Este puntualmente terminó admitiendo uno de los puntos afirmados por la defensa y controvertidos por la fiscalía respecto del cupo que fija la Policía. Es que el organismo fija su propio cupo de detenidos, basados en la cantidad de camas que se puedan meter en una celda y no teniendo en cuenta los espacios ni otros factores recomendados, por lo que el número inevitablemente ha variado con el tiempo, algo que la fiscalía negaba.

La audiencia se desarrolló por unas cinco horas y finalmente pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se deberá escuchar al ministro de Seguridad Matías Nicolini, el último citado para el debate. Luego, el juez Juan Kees deberá resolver sobre los pedidos de cada parte.