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Insólito: le robaron el medidor de gas a más de 40 casas del mismo barrio

Vecinos sufren robos desde hace una semana y piden mayor presencia policial en General Roca. Los ladrones quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Los ladrones de metales siguen atacando en el Alto Valle, a pesar de los controles establecidos en una ley recientemente sancionada que intenta ponerle freno a la comercialización clandestina de estos materiales no ferrosos que han alcanzado altos valores tanto en el mercado negro como en el legal.

Pero lo que ha sucedido en el barrio Unter, ubicado en el noroeste de General Roca, sobrepasó todos los límites.

Desde hace una semana los vecinos vienen sufriendo el robo de caños de cobre que forman parte de las conexiones de los medidores de gas, por lo que muchos se han quedado sin el servicio. Los hechos quedaron registrados en varias cámaras de seguridad de algunas casas afectadas, informó AN Roca.

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Los medidores de gas y agua se volvieron blanco predilecto de los ladrones. Los venden a reducidores de metales.

Los medidores de gas y agua se volvieron blanco predilecto de los ladrones. Los venden a reducidores de metales.

Una de las imágenes capturadas de esos videos publicadas por ese medio muestra a un sujeto con gorra agazapado frente al nicho de gas realizando la maniobra. Los robos ocurrieron en horas de la noche, cerca de las 4 de la mañana, en las calles Las Heras y Patricio Dillon.

Varias denuncias han sido realizadas en la comisaría 21, a raíz de estos hechos, ya que alrededor de 40 familias fueron afectadas por los robos.

Según detallaron las víctimas, se llevaron los caños de cobre que unen las redes con el medidor, e incluso en algunos lugares también se apoderaron del aparato.

Qué deben hacer los vecinos

En reclamos hechos públicos a través de redes sociales, piden mayor presencia policial para frenar la ola delictiva.

Por el momento se ha convocado a Camuzzi para que resuelva los problemas ocasionados y se espera que avancen las investigaciones para dar con los responsables de los robos.

Desde la firma distribuidora se informó que, ante esos casos, los titulares del servicio deben realizar la presentación policial. Luego realizar el trámite para el suministro de un nuevo dispositivo, que no tiene costo para el usuario. Solo debe abonar la reconexión, que cuesta algo más de 16.700 pesos, de acuerdo a lo precisado por operadoras del 0810-999-0810, que es el número de atención de Camuzzi.

La ley que busca frenar el robo de metales

En marzo de este año el Poder Ejecutivo rionegrino reglamentó la Ley 5669, sancionada por la Legislatura el año anterior, con la que se busca frenar la problemática delictiva vinculada al robo de materiales no ferrosos, principalmente cables de cobre de electricidad y conexiones de agua y gas, lo que genera grandes pérdidas económicas y afecta los servicios públicos.

La norma regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Además, crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.

También otorga herramientas legales al Ministerio de Seguridad y Justicia, en forma conjunta con la Policía de Río Negro.

A partir de esta reglamentación, el traslado de ese tipo de materiales exige contar con una guía de transporte, que expide la Policía caminera de Río Negro en forma gratuita.

Qué dice la ley

La iniciativa establece el deber de registrarse ante la autoridad de aplicación, para todos aquellos que, de forma principal o accesoria, permanente o eventual, se dedican al acopio de metales no ferrosos, o a su adquisición a título gratuito u oneroso, compraventa y transporte.

Para facilitar la trazabilidad en la comercialización de los metales no ferrosos, el proyecto prevé que los sujetos alcanzados deben registrar todas sus operaciones de adquisición, enajenación y transporte, consignando en cada operación el detalle sobre el origen y características de los metales, y su documentación de respaldo.

Además, otorga facultades de incumbencia específica a los efectivos del Ministerio de Seguridad y Justicia, para exigir y fiscalizar el cumplimiento de esta ley. De esta forma, se garantiza un abordaje integral y concreto del fenómeno delictivo, cuyos efectos destructivos de los servicios públicos y dañosos de la población en general ya hemos reseñado.

La propuesta invitaba a los municipios adherirse a la norma para sumarse a los controles. Cipolletti lo hizo.

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