Más de 80 familias perdieron sus ahorros: ¿Cómo sigue la causa de la constructora tras ser sobreseídos?

Luego del sobreseimiento de los tres responsables de una constructora, las más de 80 familias afectadas quedaron desesperanzadas, aunque todo no está dicho aún. ¿Qué es lo que se puede hacer para mantener la causa en pie y qué debe demostrar la querella para llevar a juicio a los imputados?

Cabe recordar que el viernes pasado, la Justicia otorgó el sobreseimiento a los responsables de la Desarrolladora San Martín de los Andes, quienes eran investigados por presunta estafa por el fiscal Juan Manuel Narváez. Este último fue quien pidió cerrar la causa contra los tres imputados, a quienes se les formuló cargos durante 2021 y 2022, por considerar que no se pudo probar el ánimo de estafar a las víctimas.

En resumen, se consideró que los imputados no pudieron cumplir con lo prometido a las familias que pagaron para adquirir departamentos y que deberán responder según lo considere el fuero civil, pero que la empresa pretendía construir y entregar las propiedades prometidas.

Más de 80 familias pagaron con los ahorros de su vida entre 2012 y 2019 para adquirir su departamento propio y así dejar de pagar alquileres; para invertir sus ahorros y que algún hijo o hija pueda vivir sin la preocupación de un alquiler a futuro; o también para obtener algún ingreso a partir de la renta de esos inmuebles.

fiscal juan manuel narvaez.jpg

Actualmente, un monoambiente en la ciudad cuesta entre 250 mil y 400 mil pesos mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes parte desde los 500 mil pesos (sin contar los gastos de ingreso ni expensas). Es solo cuestión de cálculos llegar a la conclusión de que cada familia ha derrochado ya varios millones al no recibir el techo por el que pagaron, sumado a lo que entregaron como pago.

Cualquiera sea el fin que les darían a esos inmuebles que no recibieron, la pérdida de sus ahorros y los gastos extras que eso les ha generado sea en costo de vida y los honorarios para los abogados contratados para iniciar demandas o una representación en el fuero penal, ha consumido la vida de muchas de las víctimas.

"Han dejado casi 100 personas en la calle. Esta es la clase de Justicia que tenemos en la provincia. La cantidad de gente enferma, depresiva, que ha dejado todo para que se solucione de esta manera... A mí me han dañado la vida", expresó una de ellas a LMNeuquén.

casonas morada del agua plottier

¿Qué sigue en la causa de la constructora?

Actualmente, la querella aún cuenta con tiempo hasta el viernes 27 inclusive para presentar la Impugnación a los sobreseimientos de los imputados, en cuyo caso, el abogado Mario Rodríguez Gómez deberá explicar ante los tres jueces que sean convocados a analizar el caso, los motivos por los cuales la causa debe continuar en pie para llevar a los acusados a juicio. Pero, ¿qué es puntualmente lo que debe explicar?

En síntesis, debe dar un detallado derrotero de los hechos para respaldar que el accionar de Canale, Dapello y Silva -a contrario de lo que cree el fiscal Juan Manuel Narváez- se enmarcó en una estafa. El Código Penal argentino es muy claro en su artículo 172:

Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Lo complejo es probar los elementos requeridos para que se configure el delito: la presencia de una conducta engañosa, el error de la persona afectada que creyó en ese engaño y puso su patrimonio a disposición del estafador y, finalmente, el perjuicio económico generado sobre el damnificado. Estos tres últimos puntos se encuentran probados en la causa, pero el primer punto es la cuestión debatida.

Mientras que algunas posturas se inclinan por el deber de demostrar que hubo una puesta en escena para engañar a la víctima desde el comienzo (como la fiscalía y la defensa opinan que aquí no ocurrió), otros opinan que esto no es específicamente necesario, ya que el ardid pudo haber nacido más tarde. En este sentido, la querella señaló que está probado que los acusados seguían cobrando por los inmuebles incluso luego de que las obras se habían frenado.

Ese último criterio, denominado "amplio" indica que será estafa el engaño que haya podido provocar el error de la víctima y causar con él efectos patrimoniales perjudiciales.

En caso de que los jueces de Impugnación se inclinen por esta postura, ordenarán al fiscal que continúe recabando prueba para avanzar a juicio. Aunque, dado el pedido de sobreseimiento que hizo Narváez, también es posible que las víctimas quieran recusar al representante de la fiscalía y pedir la intervención de otro fiscal para asegurarse de que la causa continúe sin posibles parcialidades de por medio.

Además, es importante destacar que el resultado de la causa no es solo importante para darle una respuesta satisfactoria a las víctimas involucradas, sino que también ya se analiza como antecedente por víctimas de otras causas aún en pie contra responsables de más desarrolladoras que son investigados por estafa en circunstancias similares, como lo es el caso de los damnificados por Dharma Construcciones.

El caso y las víctimas

La estafa que sufrió casi un centenar de propietarios que confiaron en los socios a cargo de la Desarrolladora San Martín de los Andes (también conocida como Macá) fue dada a conocer por LMNeuquén en noviembre de 2020, cuando la causa acababa de pasar a manos del fiscal Marcelo Jara (hoy jubilado).

En esa oportunidad, tres de los damnificados relataron vivencias similares: iniciaron la compra de departamentos financiados en los que pusieron ahorros de toda su vida, y a pesar de los reclamos, nunca recibieron lo prometido y las caras visibles de todo el negocio, levantaron campamento y ya nunca atendieron los llamados ni emails. En síntesis, la sensación de todas las víctimas era casi idéntica: “Entregamos todo y hoy no tenemos nada”.

Las propiedades que formaban parte de la maniobra incluían departamentos en la capital, sobre Diagonal 9 de Julio, sobre calle Belgrano y en el predio Casonas Morada del Agua de Plottier.

En agosto de 2021, el fiscal Marcelo Jara dio por oficializada la apertura de la causa al acusar a Omar Antonio Canale, José Luis Dapello y Fernando Nicolás Silva por nueve hechos de estafa, es decir, nueve transacciones que se acordaron con las víctimas y por las que los sindicados recibieron pagos a lo largo de años, a pesar de que las construcciones nunca fueron finalizadas y, por lo tanto, los inmuebles nunca se entregaron. Todos ocurrieron en un período comprendido entre 2012 y 2019.

audiencia estafa propiedades desarrolladora san martin de los andes (maca)

“Entendemos que generaron una simulada confianza que llevó a que la maniobra tuviese éxito a partir de una profusa publicidad que se dio en cartelería, medios de comunicación y shoppings, a través de los cuales los denunciantes tomaron contacto con la empresa para adquirir una serie de departamentos que forman parte de un grupo de módulos identificado como Casonas Morada del Agua”, expresó el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.

En marzo de 2022, se formularon casos por más víctimas que se fueron sumando bajo la misma modalidad y el perjuicio global fue ascendiendo en millones.

"La puesta en escena genérica y la confianza que se le dio a los denunciantes se verifica cuando empiezan a ver que se desarrolla el primero y parte del segundo de los módulos previstos, pero los diversos problemas de conocimiento público y, fundamentalmente, llegada la fecha de entrega, no se produjo ese extremo", detalló Jara.

A pesar de la postura del entonces fiscal, luego de su jubilación, la causa pasó a manos del fiscal Juan Manuel Narváez, quien la semana pasada pidió el sobreseimiento de los imputados por considerar que no hubo delito en su accionar.