Responsables de una constructora se quedaron con los ahorros de más de 80 familias y fueron sobreseídos

Luego de cuatro años de lucha, más de 80 familias que pusieron todos sus ahorros en la promesa de la vivienda propia quedaron sin respuestas. Los tres responsables de la constructora que les iba a cumplir sus sueños fueron acusados por estafa, pero finalmente sobreseídos. Según la fiscalía, no hay pruebas del ardid malicioso.

La estafa que sufrieron casi un centenar de propietarios que confiaron en los socios a cargo de la Desarrolladora San Martín de los Andes (también conocida como Macá) fue dada a conocer por LMNeuquén en noviembre de 2020, cuando la causa acababa de pasar a manos del fiscal Marcelo Jara.

En esa oportunidad, tres de los damnificados relataron vivencias similares: iniciaron la compra de departamentos financiados en los que pusieron ahorros de toda su vida, y a pesar de los reclamos, nunca recibieron lo prometido y las caras visibles de todo el negocio, levantaron campamento y ya nunca atendieron los llamados ni emails. En síntesis, la sensación de todas las víctimas era casi idéntica: “Entregamos todo y hoy no tenemos nada”.

Las propiedades que formaban parte de la maniobra incluían departamentos en la capital, sobre Diagonal 9 de Julio, sobre calle Belgrano y en el predio Casonas Morada del Agua de Plottier.

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En agosto de 2021, el fiscal Marcelo Jara dio por oficializada la apertura de la causa al acusar a Omar Antonio Canale, José Luis Dapello y Fernando Nicolás Silva por nueve hechos de estafa, es decir, nueve transacciones que se acordaron con las víctimas y por las que los sindicados recibieron pagos a lo largo de años, a pesar de que las construcciones nunca fueron finalizadas y, por lo tanto, los inmuebles nunca se entregaron. Todos ocurrieron en un período comprendido entre 2012 y 2019.

“Entendemos que generaron una simulada confianza que llevó a que la maniobra tuviese éxito a partir de una profusa publicidad que se dio en cartelería, medios de comunicación y shoppings, a través de los cuales los denunciantes tomaron contacto con la empresa para adquirir una serie de departamentos que forman parte de un grupo de módulos identificado como Casonas Morada del Agua”, expresó el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos.

En marzo de 2022, se formularon casos por más víctimas que se fueron sumando bajo la misma modalidad y el perjuicio global fue ascendiendo en millones.

El fiscal Marcelo Jara quedó al frente de la investigación por la estafa.

El fiscal Marcelo Jara quedó al frente de la investigación por la estafa.

"La puesta en escena genérica y la confianza que se le dio a los denunciantes se verifica cuando empiezan a ver que se desarrolla el primero y parte del segundo de los módulos previstos, pero los diversos problemas de conocimiento público y, fundamentalmente, llegada la fecha de entrega, no se produjo ese extremo", detalló Jara.

Según relató el acusador, para calmar la inquietud de los compradores, en algunos casos la desarrolladora ofrecía una reducción de las cuotas como "bonificación" por no poder cumplir con los tiempos estipulados en el contrato, pero aún así siguieron recibiendo pagos hasta 2019 aunque la obra ya estaba frenada.

Asimismo, los damnificados confiaron que, luego de esta formalización de la investigación en su contra, los responsables reaparecieron "increíblemente, con muy buena voluntad de querer negociar y lo que propusieron fue ceder todos los inmuebles adquiridos para que, a través de -por ejemplo- un fideicomiso, la puedan vender o terminar los desarrollos".

El inconveniente de esta aparente "solución" era que ya todos los bienes de los imputados se encontraban inhibidos o embargados, de modo que la operatoria era mucho más difícil de lo que se planteaba en la teoría, ya que obligaba a las víctimas a contactarse con todos los damnificados con causas iniciadas contra los responsables de la desarrolladora, para destrabar los bienes y luego sumarlos al grupo para poder acceder a los inmuebles. Esto sin duda no era tarea fácil ni rápida.

Sorpresa, indignación y sobreseimiento

Así se llegó a la audiencia del pasado miércoles, en la que el fiscal Juan Manuel Narváez (que tras la jubilación del fiscal Jara tomó la causa) requirió el sobreseimiento. No obstante, no fue un pedido que se realizara con el consentimiento (y resignación) de las víctimas, quienes -por el contrario-, manifestaron haber recibido la noticia con sorpresa y desazón.

También así se manifestó el abogado querellante Mario Rodríguez Gómez, quien resaltó en la audiencia al tomar la palabra: "En el transcurso de todo este proceso continuamos siendo defraudados, las víctimas en especial. Vinimos a esta audiencia porque en conversaciones previas con la fiscalía y ante la sorpresa de que iban a solicitar el sobreseimiento, nos informaron que era por el vencimiento de los plazos, por eso como cuestión preliminar planteé una prórroga (del plazo de la investigación), pero evidentemente, con fiscales así no hacen falta defensores".

Justamente, a pesar del presunto motivo que se les había informado a las víctimas, Narváez manifestó ante el juez Juan Ignacio Guaita que tras hacer un análisis de la prueba recabada en el caso y de nuevas entrevistas que se tomaron tras las formulaciones de cargos a los tres imputados, se consideró que no se puede avanzar a juicio bajo la figura de estafa por no configurarse el delito.

En resumen, la fiscalía considera que todo se enmarca en un simple incumplimiento contractual y que nunca hubo un ánimo de engañar a los compradores y dejarlos sin sus inmuebles, por lo cual solo corresponde una demanda en el fuero civil para que los damnificados intenten recuperar algo de los ahorros invertidos.

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La dura crítica del querellante Rodríguez Gómez remite a algo que las mismas víctimas manifestaron ante LMNeuquén: "Quedamos completamente sorprendidos porque no era lo que se había hablado con la fiscalía".

Otra de ellas, expresó con dolor: "Faltaba que los abracen y les den un beso. Han dejado casi 100 personas en la calle. Esta es la clase de Justicia que tenemos en la provincia. La cantidad de gente enferma, depresiva, que ha dejado todo para que se solucione de esta manera... A mí me han dañado la vida".

"Nos vemos absolutamente sorprendidos en nuestra buena fe, absolutamente defraudados. Primero porque veníamos a discutir una cuestión de plazos y después porque venimos a discutir cuestiones que ya fueron litigadas y resueltas a instancias de la formulación de cargos", resaltó Rodríguez Gómez durante la audiencia, indicando que el dolo detrás de la maniobra quedaría probado en las ventas de departamentos que se concretaron incluso luego de producido el parate sobre las obras, y los intentos de convencer a los compradores para que siguieran abonando a pesar de no ver avances.

Solo uno de los imputados presenció la audiencia de la semana pasada, mientras que los otros dos se conectaron a través de Zoom. Los defensores, como era de esperarse, apoyaron la postura de la fiscalía y adhirieron al pedido de sobreseimiento de los tres.

"El proyecto (Cascadas Morada del Agua) constaba de cuatro módulos; dos se construyeron, del tercero se hicieron las bases y no se terminó; esto no es la lógica de una estafa", insistió el abogado particular Juan Coto, quien representó a Dapello, acusado como coautor.

Tras tomarse un cuarto intermedio para analizar los pedidos de las partes, Guaita otorgó el sobreseimiento para los imputados en una nueva audiencia el día viernes.

Ahora, las víctimas analizan junto al querellante desafiar la decisión ante un Tribunal de Impugnación y requerir la apertura a juicio, aunque sin muchas esperanzas de poder obtener Justicia.

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