Un tribunal dio marcha atrás con la decisión de Kees y seguirán entrando condenados a comisarías

Un tribunal de jueces dio marcha atrás a la decisión que parecía ser un primer freno definitivo a la crisis carcelaria. Ordenaron que la defensa pública vuelva a presentar el habeas corpus ante un nuevo juez y que se le dé intervención no solo a la fiscalía penal, sino a la fiscalía de Estado.

La discusión y posterior decisión del juez Juan Kees, quien apuró al gobierno provincial a aportar soluciones a corto plazo al colapso, generó fuertes repercusiones. Su decisión no duró mucho y un nuevo tribunal la anuló.

Finalmente, por pedido de la fiscalía, el fallo de Kees fue revisado por un tribunal revisor integrado por los jueces Cristian Piana, Dardo Bordón y la jueza Carolina García, quienes declararon la nulidad de lo resuelto. La decisión fue unánime.

La sorpresa en la audiencia que se realizó el lunes la dio la presencia del abogado de la Fiscalía de Estado, Ricardo Kohon, quien se presentó junto al fiscal Maximiliano Breide Obeid para pedir la anulación del fallo atento a que no se le dio intervención a dicho organismo para opinar. Sostuvo que "se enteraron por los diarios" de la discusión y que deberían haber sido citados. Negó que exista "trato cruel, inhumano y degradante" hacia las personas privadas de la libertad y prometió "demostrar que no es así".

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Sebastián Fariña Petersen

En tanto, la defensa pública atacó la admisibilidad del recurso de revisión y pidieron que no se haga lugar al mismo, manteniendo la decisión de Kees.

Luego de una extensa deliberación, los jueces revisores resolvieron que "la Fiscalía de Estado debería haber intervenido desde el inicio, ya que se encuentra afectado el patrimonio de la provincia, como ser las unidades de detención y comisarías, y el erario público, ya que al declararse la emergencia carcelaria en marzo de 2024, se asignó un presupuesto para dar solución al problema", informaron desde el Poder Judicial.

Por otro lado, los informes presentados por el Grupo de Control del Encierro del Ministerio Público de la Defensa y el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura no fueron controvertidos por las partes, y el tribunal no ingresó al fondo de lo resuelto por el juez Kees, pero consideró que de avanzarse en la causa, la ausencia de la Fiscalía de Estado desde el comienzo podría ser causa de una futura nulidad, por lo que resolvió como la alternativa más prudente ordenar el reenvío; es decir, que un nuevo juez decida sobre el habeas corpus.

La nueva audiencia se realizará el día miércoles 12 ante el juez Luis Giorgetti.

El fallo del juez Kees

Cabe recordar que, tras dos días de arduas discusiones, el juez Juan Kees le dio la derecha a la defensa pública y puso plazo para que se comience a descomprimir las comisarías, que hoy sufren los peores efectos de la crisis carcelaria.

"Está claro, más allá de si hay colapso o no (que la fiscalía negó), que hay muchas más personas de las que caben en las comisarías", y sostuvo: "Están acreditados los hechos, es muy abundante la prueba que se produjo en estos dos días".

En este sentido, enumeró que se acreditó fehacientemente que en las comisarías hay falta de acceso a la salud (más allá de la falta de higiene, en varias comisarías se relevaron casos de internos con enfermedades crónicas que no están siendo atendidos/llevados a los turnos); hay una clara "violación al derecho al trato digno" (se observaron espacios sin ventilación, sin luces, sin muebles, colchones junto a letrinas y en ese mismo espacio deben recibir a las visitas); y también la privación del acceso a la educación y el trabajo para los condenados alojados, a quienes les corresponde ese derecho por la Ley de Progresividad.

Respecto de las responsabilidades que señaló la fiscalía, que principalmente criticó a la defensora general y ex ministra de Seguridad, Vanina Merlo, el magistrado reconoció que en parte el panorama actual es culpa de las gestiones anteriores, pero aún así señaló que la gestión actual de Matías Nicolini no está exenta de responsabilidad.

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Sebastián Fariña Petersen

Sobre este punto, recalcó que uno de los testigos informó que se ha hecho una inversión de poco más de 2 millones de dólares, aunque la Ley de Emergencia Carcelaria habilita a utilizar hasta 50 millones. "Es una porción ínfima comparada con la posibilidad que tenían", opinó. Y también criticó que se dilatan las obras al atravesar los procesos de licitación, algo que consideró inentendible teniendo en cuenta que la misma ley habilita al ministro a realizar contrataciones directas. Finalmente, remarcó que no hay constancia de que se esté cumpliendo con los informes debidos sobre los avances a la Legislatura.

"Las acciones desplegadas hasta ahora por la Provincia son insuficientes", declaró Kees y tras hacer un recuento por la normativa nacional e internacional que establecen pautas y recomendaciones de los índices de habitabilidad mínimos con los que deberían contar los espacios de encierro, expresó: "Sobran normas para declarar lo acreditado como un trato cruel, inhumano y degradante".

Por todo esto, ordenó la prohibición de seguir habilitando comisarías "de facto", es decir, ninguna otra que no haya sido pensada para el alojamiento permanente de personas. Además, prohibió el ingreso de nuevos condenados a cumplir pena en comisaría desde el próximo 4 de marzo y otorgó un plazo hasta septiembre para reubicar a los que ya están purgando una en las alcaidías de la I Circunscripción.