Una jueza neuquina que fue condenada tres veces por violencia de género recibió una nueva denuncia

La jueza de faltas, Sofía Vallejos Rodríguez, enfrenta una nueva denuncia por violencia de género en el contexto laboral después de recibir una triple condena en 2018 por ejercerla hacia tres empleadas. La denunciante se desempeñaba en el área de mesa de entrada cuya función sería la atención al público y la gestión de documentos de “libre de deuda”.

El plazo para que la jueza conteste la denuncia y ofrezca pruebas se vence este viernes 7 de febrero, según el proceso que marca la Ley provincial 2786 que tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado.

Además, la denunciante adelantó que realizará una denuncia al intendente Claudio Larraza por abandono de persona. La determinación surgió luego de que la joven, llamado Marcela Saéz, se enterase dos meses después de la presentación por violencia de que la municipalidad de Plaza Huincul no renovó su contrato laboral. "Es un despido discriminatorio porque no tiene como causa real la finalización del plazo del contrato, sino la situación de violencia que ella denuncia", consideró César Omar Pérez, su abogado, en diálogo con LMNeuquén.

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La denuncia por violencia

En este nuevo capítulo en torno a las conductas de la jueza Sofía Vallejos Rodríguez, la denunciante de 29 años estuvo cumpliendo tareas bajo sus órdenes desde 2021 en el Juzgado Municipal de Faltas. Un mes antes de que venciera su contrato a plazo que se venía renovando desde 2020, la joven tuvo una crisis debido a la situación de hostigamiento sostenido por parte de la jueza y decide denunciarla ante la justicia laboral de Cutral Co.

"El hostigamiento que viví con la Jueza tuvo su pico más alto en los últimos días de trabajo", dijo Sáez a LMNeuquén, y agregó no iba a denunciarlo porque le tenía mucho miedo, pero hubo una seguidilla de malos tratos: "me dijo que buscaba cagarme en ella y mis compañeros por el día que falté por pedir día femenino, me estaba destruyendo psicológicamente".

Además, Marcela señaló la gravedad de que al acudir a tratamiento psicológico haya comenzado a querer indagar qué medicación tomaba, el diagnóstico que tenía y que no constaba en los certificados porque son privados, y no afectan en su desempeño. Pero la gota que rebalsó el vaso fue un episodio frente al público: "ella daba órdenes y después cambiaba el criterio y nos decía que el trabajo estaba mal, un día me humilló frente a una señora al punto de dejarme llorando y tragándome las lágrimas, insinuando siempre que era una estúpida por no darle el libre de deuda a esa señora cuando ese día había dado directiva que no se entregaba libre de deuda sin el pago. Me tuve que retirar del trabajo e ir a la guardia de salud mental en crisis, ahí fue que decidí denunciarla".

La jueza de Faltas condenada, Sofía Vallejos Rodríguez.

La resolución de la municipalidad

La denuncia fue radicada en septiembre, y se ratificó en octubre. A partir de ahí, el juez Eduardo Richter, solicitó el informe psicosocial que determinó en noviembre que existía violencia laboral e implementó como medida cautelar que no haya perturbación de ambas partes, es decir, que encuentren la manera de trabajar sin perturbarse mutuamente. El abogado de la denunciante expuso que la medida no se cumplió y la mandaron a la casa: "a pesar de la orden que le da el juez, la atiende la secretaria de la mujer que le dice que es conveniente que no vaya a trabajar hasta que se resuelva la situación".

A partir de ahí, Pérez le indicó al juez que estaba sufriendo una revictimización porque podría ir al trabajo en un horario distinto que su jefa. En consecuencia, Richter envía una comunicación a recursos humanos de la Municipalidad de Huincul reafirmando la orden que establecía que la jueza no debía perturbar ni molestar.

"Me comunico con el abogado de la muni que me dice no tenemos otra alternativa, entonces interpretan las medidas judiciales como quieren", manifestó el abogado que en enero terminó enviando un pedido de informes de la situación de revista de Marcela dado que no había cobrado los haberes correspondientes a diciembre. "Nos contestan que la trabajadora por vencimiento de contrato había sido despedida el último mes de noviembre cuando en caso de violencia deben otorgar medidas como por ejemplo prorrogar el contrato que tenía, porque se queda sin haberes ni obra social y encima violentada".

Nuevas denuncias

"Obviamente, lo que siento por parte de la municipalidad es un abandono", expresó Marcela Sáez a LMNeuquén. En este sentido, aseguró que en los próximos días presentará una denuncia penal por la presunta comisión el delito de abandono de personas contra el intendente Claudio Larraza.

Al respecto, su abogado indicó: "Larraza es quien firma los contratos de trabajo del Juzgado de Faltas, nosotros le mandamos carta de documento, le hicimos saber la situación de Marcela que estaba en peligro, le mandamos resultados del informe psicofísico donde corroboraba la violencia laboral, y el empleador tiene que garantizar la salud psicofísica del trabajador, no se repara despidiéndote".

A raíz de la situación, aseguró que también van a interponer un amparo ante el juez de Zapala en la justicia procesal administrativa para pedirle la reincorporación de Marcela: "pediremos la protección reforzada de una trabajadora que ha sido vulnerada, es decir que se le garantice el derecho a trabajar frente a esta situación de violencia que ha vivido en el trabajo".

Al respecto de los antecedentes de violencia de género de la Jueza Sofía Vallejos Rodríguez, Pérez explicó que representó a las tres denunciantes logrando los tres fallos condenatorios que no fueron apelados: "no fue removida porque necesita juicio político y no alcanzaron el número de votos en el consejo deliberante de ese momento, y si no se toman medidas, las historias se repiten" y concluyó: "una persona violenta no puede estar en ese tipo de cargo".